En otro acto de defensa del patrimonio del pueblo de Venezuela, la Asamblea Nacional de ese país convocó a la realización este viernes de una consulta pública del Proyecto de Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero.

LEA TAMBIÉN: 

Presidente venezolano recibe al ministro de Defensa de Colombia

En convocatoria difundida la víspera a través de la red social Twitter, el titular de la AN, Jorge Rodríguez, instruyó sobre la realización del referido ejercicio democrático, que implica al pueblo en el debate de la norma y contribuirá a su segunda revisión por el Legislativo.

En la consulta participan los organismos de justicia, seguridad y defensa de la nación. Además, fueron convocados estudiantes y representantes de las facultades de Derecho, la Universidad Nacional para la Seguridad, el Parlamento Comunal, jóvenes y los jefes de los bloques parlamentarios en cada estado.

Se trata de una consulta amplia y profunda, detalló Rodríguez. De acuerdo con medios de prensa, se prevé que se extiendan por dos meses las labores para recoger las propuestas que formulen las instituciones y el pueblo, así como para introducir recomendaciones.

La AN decidió que los trabajos relativos a la consulta sean rectorados por una comisión mixta parlamentaria, que dirige el diputado Diosdado Cabello e integran legisladores que forman parte de las comisiones permanentes de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional; de Política Exterior, Soberanía e Integración; y de Contraloría.

La AN aprobó el referido proyecto de ley, en primera discusión y por unanimidad, el pasado 2 de mayo. La idea de este conformarlo nació tras la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, del Gobierno de EE.UU., de despojar a Venezuela de la empresa Citgo.

Dicha entidad se ubica en suelo estadounidense, su valor supera los 13.000 millones de dólares y pertenece a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Con esta decisión, la Casa Blanca entregó Citgo a un sector de la oposición venezolana y emitió una licencia para permitir su remate.

Ese sector opositor es considerado responsable de haber robado más de 2.000 millones de dólares del Estado venezolano, depositados en el exterior, a través de lo que Rodríguez catalogó como “una operación sistemática de robo, irresponsabilidad y descaro”.

La ley consta de dos capítulos y 11 artículos, concebidos para proteger los activos, derechos e intereses de Venezuela y sus entidades en el extranjero.

Contar con una norma de este tipo ayudará a Venezuela a hacer frente al crimen organizado y los delitos económicos novedosos, que no tienen precedentes en el país y trascienden la historia republicana.

EN ESTA NOTA: